De la misma forma, el Acuerdo OTC señala las reglas para la elaboración, adopción y aplicación de normas, promoviendo la certeza jurídica y el principio de legalidad, en contra de aquellas prácticas que resultan un contrasentido al libre flujo de bienes, mercancías y servicios, como lo es la imposición de medidas que establecen barreras no arancelarias y obstáculos al comercio invocadas bajo el proteccionismo del Estado. Por ejemplo, y para el caso de América Latina, si los productos chinos estuvieran desplazando a los productos latinoamericanos en terceros mercados, se esperaría que las importaciones de productos chinos de estos socios comerciales (flecha 3 en la Figura 1) tuvieran un efecto negativo sobre las exportaciones de América Latina a estos mismos países (flecha 5 en la Figura 1). Un resultado en este sentido es lo que en términos coloquiales se indica como China “robando” mercado a otros países. Las grandes empresas que controlan las redes de producción están localizadas, en su mayoría, en países desarrollados, de la misma forma que se ubican en ellas las etapas que aportan mayor valor agregado (concepción de producto, diseño, investigación y desarrollo, marketing y servicios posventa). Mientras los patrones y las autoridades se desentendían de ellos, los jornaleros organizados tuvieron que movilizarse para lograr que a los heridos los atendieran en el hospital del IMSS.

También se tiene conocimiento de la muerte de varios niños jornaleros agrícolas víctimas de los pesticidas, como declarara un funcionario de la Dirección de Trabajo y Previsión Social (DTPS): “El año pasado hubo una empresa que recién acababa de iniciar sus operaciones en Punta Colonet y se vio envuelta en un escándalo. Resulta que ocho niños que tenían apenas un mes de estar trabajando en esa compañía enfermaron y murieron por problemas gastrointestinales y de las vías respiratorias. En un principio se culpó a la empresa de esas muertes, pero luego de una investigación se supo que los infantes venían enfermos desde Sinaloa, lugar en donde habían laborado antes de llegar a Baja California” (Cruz, 1998:38-A). Con estas declaraciones, evadía cualquier responsabilidad respecto a esas muertes. Y a ese desgaste que le causa el trabajo, se suman las injusticias cotidianas que sufren como trabajadores; como referencia tenemos que días después del accidente de julio de 1999, los patrones del rancho San Miguel, en San Quintín, quedaron a deber salarios de varias semanas de los trabajadores y hubo disturbios y plantones de protesta.

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado en 1973, referente a la edad mínima de admisión al empleo, señala: “Todo miembro para el cual esté en vigor el presente convenio, se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores”. Un ejemplo lo tenemos en las declaraciones de un líder sindical argentino que protesta ante la apertura comercial indiscriminada en su país: “¿Qué capacidad de competencia vamos a tener si traemos productos hechos por niños de 10 a 14 años que trabajan por un plato de comida?”.8 Así, el patrón sabe que aunque acepte a un adulto en ese tipo de trabajo, puede tener la posibilidad de deprimir el salario. Hoy en día el tamaño del mercado es tan grande que este sucede las 24 horas del día de lunes a viernes. Aun cuando hay una restricción legal de la entrada de menores al mercado laboral, el subdirector de la DTPS en San Quintín, Baja California, Antonio Durazo Gutiérrez, en 1998 informaba que en la actualidad la edad mínima de contratación es de 12 años.

Por ejemplo, al firmarse el Tratado de Libre Comercio, la empresa Boscovich, de Oxnard, California, cambió su producción de cebolla verde, en Riverside, también en California, al valle de Mexicali, en Baja California (Bacon, 1996). También en este valle, la producción de uva para la Compañía Casa Domecq utiliza fuerza de trabajo infantil, al igual que en el valle de San Quintín, lo que hace evidente el hecho de que la fuerza de trabajo infantil les es absolutamente necesaria para acrecentar la tasa de ganancia, controlar el mercado de trabajo a su favor y mantener los salarios a la baja. En la población infantil jornalera estudiada en el valle de Mexicali, 72% de los casos estaba ya fuera de la escuela, la mayoría sin terminar la educación primaria. Y en el artículo 22 de la Ley federal del trabajo se le relaciona con la educación: “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esa edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria (que en México es hasta la educación secundaria) salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo”.